El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha reiterado hoy la necesidad de que el Estado “sea sensible a los planteamientos de los ayuntamientos” respecto a los criterios de uso del superávit generado por las propias administraciones locales en los últimos años. El primer edil de Santa Cruz ha participado esta mañana en una nueva reunión telemática con alcaldes de capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes, grupo al que pertenecen ya 31 municipios, incluyendo también a Telde (Gran Canaria).
Bermúdez ha manifestado que los criterios que ha usado el Ministerio de Hacienda “perjudican especialmente a aquellos ayuntamientos que en un ejercicio de responsabilidad y a lo largo de los últimos años han utilizado sus remanentes para reducir su endeudamiento más allá de lo legalmente exigible”.
“El decreto que recoge el acuerdo entre las Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda –recuerda el alcalde - no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para ser convalidado” y ha valorado que “hasta un total de 13 formaciones políticas diferentes están de acuerdo en lo negativo de este texto”. “Es necesario redactar otro decreto alternativo que recoja aquellas cuestiones en las que sí estamos de acuerdo”, añade, y establecer una agenda para “resolver las que no tienen consenso; aunque, ahora mismo, la situación requiere medidas de carácter excepcional”.
José Manuel Bermúdez considera que el Estado debe permitir a los ayuntamientos “tener un marco de financiación adecuada en un momento excepcional; somos la primera puerta a la que acude un vecino para resolver un problema”.
Los alcaldes han consensuado un documento en el que piden al “Gobierno elaborar otro decreto, y tramitarlo con la mayor urgencia posible, en el que se recojan las medidas que sí cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles, y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021”.
Reclaman los 31 alcaldes que “los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades (…)”, en un marco de defensa de “la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos”.
