El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en pleno aprobó hoy por unanimidad una iniciativa en defensa de las políticas contenidas en el pacto de Estado contra la violencia de género, rechazando a su vez cualquier retroceso en los avances registrados en estos años en favor de la libertad y de la dignidad de la mujer en nuestra sociedad.
El acuerdo municipal reitera el apoyo político de Santa Cruz a las reivindicaciones conducentes a garantizar los derechos fundamentales de la mujer a través del reforzamiento del pacto estatal, aprobado por todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados en 2017 y que contiene 214 medidas concretas para hacer frente a este fenómeno dramático en la sociedad española.
Los grupos municipales reiteran en el documento aprobado hoy su repulsa a cualquier manifestación de violencia de esta naturaleza, así como expresan su rechazo a cualquier posicionamiento político tendente a relativizar esta lacra social y las consecuencias que poseen para las mujeres, las familias y la sociedad en su conjunto.
Es voluntad política del municipio redoblar los esfuerzos frente a la violencia contra la mujer, aislando y persiguiendo judicialmente a los violentos, sin abandonar en ningún caso el carácter prioritario de esta política ante la posible voluntad de terceros de contemporizar con un fenómeno de estas características.
La iniciativa a probada recuerda los datos oficiales del Ministerio de Sanidad e Igualdad que describen que aproximadamente 2,5 millones de mujeres mayores de 16 años han padecido o padecen algún tipo de manifestación de violencia machista, aunque menos del 30% presentó formalmente una denuncia.
El informe ministerial refleja que cerca de 2 de cada 3 (64%) de los hijos de mujeres víctimas de violencia presenció la comisión de este delito.
No obstante, los datos también describen avances significativos en los últimos años, al certificar que el 77% de las víctimas han logrado salir de esta espiral de violencia y el 45% de ellas han recibido en uno u otro momento asistencia médica, social o legal para atender su situación.
El acuerdo plenario menciona igualmente el protagonismo interinstitucional que consagra el pacto de Estado, indicando que no sólo el Estado, a través del Gobierno de la Nación, sino las comunidades y ciudades autónomas y las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos, consells, diputaciones) poseen un papel determinante en la política encaminada a mitigar y erradicar esta realidad en nuestro país.
