El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará mañana con carácter inicial el Reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, un documento que regula la composición y funcionamiento de este órgano de carácter consultivo y eminentemente técnico.

La concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, explicó que se trata de un paso más en el compromiso municipal para la conservación y rehabilitación de la riqueza patrimonial de la capital tinerfeña.

Moliné señaló que a partir de la aprobación del Pleno, el documento será sometido a un período de exposición pública, al objeto de recabar alegaciones y sugerencias de instituciones y particulares.

La concejala indicó que el órgano no tiene carácter político, sino esencialmente técnico, por lo que todas las cuestiones relacionadas con la participación de los grupos políticos se canalizará a través del Organismo Autónomo de Cultura.

El Consejo no ostenta facultades resolutorias y sus funciones serán de carácter enunciativo y no limitativo. Asesorará al Ayuntamiento sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el patrimonio. También podrá realizar recomendaciones y estudios que permitan su mejor protección y vinculación, además de proponer actividades de divulgación e información de del patrimonio cultural.

El órgano estará compuesto por un presidente, a la sazón el alcalde de la ciudad, y por un Pleno de doce vocales, de un perfil técnico en representación de administraciones e instituciones relacionadas con el patrimonio.

La exposición de motivos del Reglamento señala que “el municipio de Santa Cruz de Tenerife posee una identidad histórica como pueblo basada en singularidades que la ciudadanía reconoce como propias, conformando aquéllas una idiosincrasia conjunta que la define” y que “dichas cualidades se presentan como un conjunto de elementos y factores que pertenecen y perviven a pesar de los avatares del tiempo”.

En ese sentido, “el Patrimonio Histórico de Santa Cruz de Tenerife, en sus plurales manifestaciones, justifica la presencia e intervención de las administraciones públicas, de las entidades privadas y de los propios ciudadanos en su gestión, protección, desarrollo y revalorización; correspondiéndoles a los Ayuntamientos, junto a los demás poderes públicos, velar por la utilización racional de los recursos patrimoniales presentes en su ámbito municipal, así como su protección, mejora, restauración, y, en la medida de los posible, la divulgación y puesta en uso del patrimonio histórico artístico”.