El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la aprobación provisional por el último Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la modificación de las ordenanzas fiscales que regulan la tasa por prestación de servicios especiales de la Policía Local y circulación especial, la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público, y la correspondiente a la expedición de documentos administrativos.
El expediente podrá ser consultado en las dependencias municipales de la Oficina de Información y Atención Ciudadana de Ofra, en horario de oficina, durante treinta días hábiles a partir de esta publicación, pudiendo formular las reclamaciones que estimen pertinentes a estas ordenanzas, previo a su aprobación definitiva.
En el primer caso, la nueva ordenanza actualiza la regulación de los supuestos en que se genera el pago de tasas por actuaciones especiales o de carácter extraordinario de agentes de la Policía Local. Con la nueva regulación, se elimina la emisión de informes previos de la Concejalía de Hacienda para la prestación de estos servicios con ocasión de rodajes, eventos públicos y actos culturales o deportivos.
En segundo lugar, la regulación de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal, consolida la voluntad del Grupo de Gobierno seguir con la política de reducción de la carga impositiva en Santa Cruz, con una bonificación del 100%, con carácter indefinido, a la ocupación del dominio público con mesas y sillas de terraza, con finalidad lucrativa.
Por último, la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, que contiene la supresión del pago por aquellos certificados con estudio previo. En concreto, eximiría del abono de cantidades por la emisión de certificado de empadronamiento y convivencia, de territorio, denominación y numeración de vías públicas, de distancia entre puntos del territorio municipal y de ocupación de vivienda.
Con esta reforma, el Ayuntamiento elimina costes operativos derivados del cobro y gestión de estas cantidades, al tiempo que beneficia al ciudadano eliminando trámites y costes en la emisión de documentos.
