El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reitera su implicación y compromiso ante los desahucios que se producen en el municipio, al tiempo que defiende la eficacia de las medidas y protocolos que se aplican para impedir la ejecución final de los lanzamientos.

La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, insistió hoy ante la Comisión de Control en que el Consistorio “está siempre al lado de los vecinos, facilitándoles todos los recursos que tenemos a nuestro alcance desde el minuto 0 y garantizando la adopción de todas aquellas medidas que salvaguarden sus derechos”.

“Así, ya hemos intervenido para evitar un caso de ejecución hipotecaria y también en otros 23 conflictos de otra naturaleza, entre los que figuran impagos de 8 alquileres derivados de la gestión de la empresa Luri 6 en Añaza”, agregó.

La edil recordó que, en los últimos meses, “este ayuntamiento ha requerido a las entidades bancarias para que informen sobre el stock de titularidad de viviendas existente en Santa Cruz y que pertenezcan a las mismas, ya sea de manera directa o a través de sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos del grupo, con independencia de su grado de ejecución o situación administrativa.

“También estamos estudiando cuál es la fórmula más idónea para que el Consistorio pueda comprar ese tipo de viviendas a los bancos con el fin de que pasen a titularidad municipal y sean puestas en régimen de alquiler social”, añadió.

En este sentido, la concejala reiteró que el Ayuntamiento “ya ha instado al Ministerio de Vivienda y al Gobierno de Canarias para que incrementen las partidas presupuestarias en materia de alquiler social. Pretendemos, de igual manera, que se mejore la eficacia en la gestión de estas ayudas, de conformidad con lo reclamado por el Diputado del Común en sus diversos informes anuales”.