La vivienda es uno de los asuntos prioritarios en mi agenda de trabajo, desde que accedí por ver primera a la Alcaldía. Recordará el lector que en el pasado mandato convertimos a Santa Cruz de Tenerife en municipio pionero en España a la hora de aprobar un protocolo anti desahucios, además de paralizar los desalojos, mediante la orden de retirar los fondos municipales de los bancos que no colaborasen con este fin. Por cierto, una iniciativa emulada recientemente por otros consistorios, en diversas comunidades, con una pretendida apariencia novedosa. Asimismo, impulsamos con éxito la fórmula del alquiler social, en colaboración con una entidad inmobiliaria, y estamos deseosos de ampliar su cobertura con nuevos acuerdos del mismo tipo.

En paralelo, trabajamos en la rehabilitación y reposición de viviendas, con el desarrollo de los planes establecidos por el Gobierno del Estado con las comunidades autónomas. Se trata de planes que han sufrido un retraso considerable, hasta su definitiva formalización, con la firma de los convenios correspondientes, en diciembre de 2014 y febrero del presente año. De ahí que estemos aplicándonos en la tarea de recuperar el tiempo perdido, con un trabajo constante y decidido, lo que nos permite actuar en la renovación de 940 viviendas del municipio, con una inversión global de 10,5 millones de euros. El beneficio social de esta actuación no tiene precio, tal y como se aprecia entre las familias que ya han visto remozados sus inmuebles.

Hablamos de conjuntos de viviendas antiguas, con más de cuarenta años de vida, necesitadas de mejoras que garantizaran su rehabilitación. Además de la intervención pública, gracias a los mencionados convenios entre administraciones, estas actuaciones cuentan con la participación de sus propietarios, que aportan el 10 por ciento del presupuesto. De ahí que resulte imprescindible el acuerdo de cada comunidad de vecinos, siempre que esté constituida. Si no fuera así, el Ayuntamiento, a través de la entidad pública Viviendas Municipales, igual que los administradores de fincas, está dispuesto a asesorarles en el trámite de su creación y puesta en marcha, ya que se trata de un requisito legal e imprescindible antes de acometer los trabajos.

Como hemos informado esta semana, los trabajos se desarrollan en cinco barrios de nuestra capital: Santa María del Mar, con 224 viviendas; La Salud, con 222; Miramar, con 190; Ofra, con 156, y La Victoria, con 148, a los que sumaremos en próximos convenios otros tres ámbitos: García Escámez, José Antonio y El Toscal, siempre que lo autoricen los gobiernos del Estado y de Canarias. El grado de ejecución alcanzado se aproxima al 39 por ciento de las actuaciones previstas, que se consideran muy necesarias –cuando no imprescindibles– para la seguridad y conservación de estas edificaciones, igual que para mejorar la accesibilidad. Además, también se aprovecha para regenerar elementos que redundan en una mayor calidad de vida de sus residentes, tales como zonas comunes, escaleras, bajantes y fachadas.

Junto al incremento de la calidad de vida de los vecinos y la mejora del paisaje urbano de nuestros barrios, estamos ante una actividad que redunda en el movimiento económico y la generación de empleo dentro del municipio. Su realización supone todo un espaldarazo para el sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis en los últimos años. Porque siempre que se licita una obra pública, sea de viviendas o de cualquier otro tipo, estamos propiciando el mantenimiento o la creación de contratos de trabajo, lo que resultará palpable con el incremento del volumen inversor del Ayuntamiento en los próximos cuatro años. Se trata de sumar por Santa Cruz, un objetivo que estamos consiguiendo entre todos.

José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife