¿Hay alguna ley o normativa que impida que Santa Cruz pueda tener un hotel turístico de alta categoría? ¿Está escrito en algún lado que la ciudad, cocapital de Canarias, no pueda participar de los beneficios del sector turístico? ¿Existe algún impedimento para que el municipio cree empleo y genere riqueza en nuevas actividades económicas?

Santa Cruz no solo tiene el derecho a explotar sus atractivos turísticos, sino también la obligación de abrirse a un mercado que permitirá nuevas oportunidades de empleo para los vecinos y, consecuentemente, contribuirá a mejorar su calidad de vida.

Tengo muy claro que mi responsabilidad como alcalde me obliga a explorar cualquier  proyecto que conlleve un beneficio para la comunidad a la que sirvo: siempre, pero especialmente en circunstancias económicas como las actuales, en las que no podemos desaprovechar la más mínima posibilidad de atraer nuevas inversiones al municipio.

Desde esa perspectiva, el aprovechamiento de una parcela en San Andrés, cerca de la playa de Las Teresitas, es una buena oportunidad para crear 200 empleos directos y, en general, para profundizar en la apertura de Santa Cruz a los circuitos vacacionales.

Esa parcela es de propiedad municipal y su uso está definido como turístico-hotelero por el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2013. El hecho de la titularidad es de especial relevancia, porque significa que el Ayuntamiento podrá obtener unos importantes ingresos económicos si finalmente se levanta allí un hotel vacacional, distante de la primera línea de playa, que tendría como máximo 200 habitaciones dobles. Unos ingresos que destinaríamos precisamente a las mejoras que necesita Las Teresitas: la construcción de un paseo, la dotación de iluminación y saneamiento y el acondicionamiento de los quioscos, entre otras cosas.

Si tenemos la propiedad, si el PGO reserva un uso turístico-hotelero a la parcela, si el proyecto creará 200 empleos, si los eventuales ingresos nos permitirán mejorar la playa de Las Teresitas… si se dan todas esas circunstancias, ¿por qué deberíamos renunciar a ello?

Aquellos que han reaccionado en contra de la iniciativa deberán emplearse a fondo para explicar a los vecinos de San Andrés y, en general, a toda la ciudadanía, por qué Santa Cruz no puede tener un hotel de esas características –como tienen otros municipios canarios–  y por qué se oponen a una iniciativa que creará puestos de trabajo y riqueza.

Por mi parte, seguiré defendiendo cualquier inversión que, dentro de la legalidad, promueva el desarrollo socioeconómico de la ciudad  y permita a los vecinos vivir mejor. Porque,  ¿no es esa, acaso, la función primordial de un responsable político?

Santa Cruz tiene el derecho, la capacidad, la necesidad y la categoría suficiente para convertirse en la capital turística de una isla turística. Quienes no lo vean así, quizás tendrían que analizar cuál es su grado de compromiso con la ciudad que dicen representar; cuál es su grado de conocimiento sobre la misma, y sobre todo, cuánto están dispuestos a trabajar por ella y por un futuro más próspero para sus vecinos.

José Manuel Bermúdez Esparza