El Pleno del Ayuntamiento aprobó este viernes con carácter inicial las nuevas ordenanzas de Licencias y de Accesibilidad en los Edificios Existentes, dos normas que reducirán los trámites administrativos para la ejecución de obras en la ciudad. Dos normas que reducen la burocracia y los papeleos a los que se deben enfrentar los vecinos en sus relaciones con la administración municipal.

Con la aprobación de esas ordenanzas, auspiciadas desde la Gerencia de Urbanismo, damos un paso más en nuestro compromiso de avanzar hacia una administración más eficiente y accesible, simplificando –siempre desde el cumplimiento de la legalidad–  las gestiones municipales.

La nueva ordenanza de Licencias, que es pionera a nivel autonómico, acaba con la tradicional distinción de “obra mayor” y “obra menor”, de suerte que solo será preciso solicitar licencias para las primeras, mientras que para las segundas bastará con una comunicación previa por parte del interesado.

Además –y este punto resulta de gran trascendencia para el conjunto de los ciudadanos por su elevada casuística–, las obras de reforma o reparación en el interior de las vivienda no necesitarán ni licencia ni comunicación previa. Si un vecino quiere alicatar un baño o reformar su cocina –por poner solo un par de ejemplos– ya no será necesario acudir al Ayuntamiento a pedir un papel, pagar 60 euros y esperar por el permiso.

El beneficio para los vecinos será tan importante como positivo el efecto que tendrá en la descarga administrativa de la Gerencia de Urbanismo, donde actualmente se acumulan las peticiones de permiso de los ciudadanos y se hace muy difícil responder con la prontitud deseada.

La ordenanza Reguladora de la Accesibilidad en Edificios Existentes facilita, asimismo, las obras que se ejecuten en los inmuebles de la ciudad para su adaptación a personas con dificultades de movilidad. Se trata de establecer excepciones a las normas urbanísticas vigentes para que las comunidades de propietarios puedan –por ejemplo– instalar o adaptar ascensores u otros sistemas como rampas o plataformas elevadoras verticales o inclinadas.

Las dos normas, que ahora deberán pasar los preceptivos trámites antes de su aprobación definitiva, podrían entrar en vigor a principios del próximo año.

No quiero dejar pasar la oportunidad de comentar en esta tribuna otro asunto que ha estado de actualidad esta semana en nuestro municipio: la situación del sector del taxi. Como es lógico, defiendo el derecho de cualquier colectivo a la manifestación, aunque entiendo menos que se convoque una movilización para protestar por un asunto que está en vías de solución y que –es más– el Ayuntamiento siempre ha defendido. El sector del taxi viene reclamando la tarifa única, una demanda que el propio grupo de gobierno municipal ha hecho suya y defendido ante quien debe tomar la última decisión: el Gobierno de Canarias. Es más, este viernes el Pleno volvió a reiterar tal petición al Ejecutivo autónomo, porque Santa Cruz es el único municipio de Canarias que no cuenta con ella, sin razones objetivas que justifiquen tal situación.

Una posición que la mayor parte del sector del taxi comparte y en la que venimos trabajando conjuntamente. Como también venimos cumpliendo con el programa de rescate de licencias, realizando una importante inversión económica para salvaguardar la competitividad de un sector básico para los santacruceros.

Los taxistas saben de la completa disposición al diálogo del alcalde y del grupo de gobierno para avanzar, de manera consensuada, en los temas pendientes. Una oferta que, en cualquier caso, hago extensiva a las asociaciones más representativas del sector.

José Manuel Bermúdez Esparza