El Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado un salto muy importante para mejorar la atención a las personas más necesitadas del municipio, aquellas que precisan de la ayuda de la Administración pública para obtener alimentos.

En colaboración con la empresa Dinosol, hemos implantado una tarjeta de alimentos –formalmente idéntica a la que se utiliza en cualquier transacción electrónica– que sustituirá al actual sistema de prestación económica y que incorpora la opción de adquirir productos frescos perecederos.

El sistema permite que las personas más vulnerables realicen su compra de alimentos con la normalidad y discreción de cualquier ciudadano, sin menoscabo de su dignidad.

En primer lugar, me gustaría agradecer la responsabilidad social que ha demostrado la empresa, porque fue la única que se presentó al preceptivo concurso público convocado; de lo contrario, no habríamos podido articular esta novedosa herramienta.

En todo caso, también he de decir que desde el Ayuntamiento no entendemos la introducción de esta herramienta como un éxito, pues su propia necesidad implica la existencia de personas que siguen pasándolo muy mal en nuestro municipio.

Nos habría encantado no tener que activar una línea de ayudas como ésta, porque eso significaría que ningún vecino del municipio pasa auténtica necesidad.

Así que la puesta en marcha de esta medida se circunscribe estrictamente en la obligación de la Administración pública de establecer mecanismos de protección frente a la vulnerabilidad.

Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado muestras en todos estos años de una enorme sensibilidad, que se ha concretado –y eso es lo importante–  en un amplísimo programa de atención social.

Por ejemplo, en 2018 incrementamos el presupuesto social de Santa Cruz en un 30% con respecto a 2017, pasando de 14 a 18,3 millones de euros; y ahora se consolida ese avance, con 18,6 millones para 2019. Para que nos hagamos una idea certera sobre ese compromiso, basta decir que el presupuesto en 2012 fue de 11,5 millones.
Estamos ayudando a 17.000 familias de Santa Cruz, a través de diversas acciones y con diferentes intensidades, y hemos creado una segunda UMA para atender emergencias sociales. 

Hemos aumentado el número de prestaciones económicas de asistencia social (PEAS) y partidas asociadas, de modo que éstas han pasado de 4,9 millones en 2016 a 6,5 millones en 2017.

En esa política de emergencia social se incluyen también medidas para evitar cortes de agua y luz por impagos de vecinos sin recursos, a los que también hemos auxiliado para evitar desahucios o bonificado el IBI.

En definitiva, hemos activado importantes recursos –económicos y materiales–  que no solo certifican un compromiso político, sino que, como he dicho en alguna ocasión, da cumplimiento a un deber moral como administradores de unos recursos públicos que persiguen, en última instancia, garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social de nuestro pueblo.