El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, exigirá que el Ayuntamiento de la capital esté presente en la Comisión Técnica que estudiará el catálogo de vestigios franquistas en esta capital, tal y como se contempla en el artículo 11 de la citada ley, en la que se especifica que “cuando en el orden del día de una sesión plenaria se determine la coordinación de acciones conjuntas con algún Cabildo Insular o corporación municipal, estas entidades designarán un máximo de dos vocales que las representen”, argumenta el alcalde.

El alcalde sostuvo una reunión telemática con presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, en la que repasaron los objetivos planteados para el cumplimiento de la ley y se comprometieron a continuar el trabajo iniciado hace casi una década entre ambas instituciones, y en la que Bermúdez dejó clara “la intención de este Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, de cumplir escrupulosamente la Ley respecto a la eliminación de vestigios franquistas en el municipio”.

Tanto Bermúdez como Pérez Schwartz recordaron en su reunión diversos asuntos puestos en marcha en el sentido de recuperar la memoria histórica “como el Aula Cultural José Carlos Schwartz Hernández, el asesoramiento para el encargo del estudio de vestigios franquistas o, más recientemente, el nombramiento de Hijo Predilecto para el último alcalde republicano, precisamente José Carlos Schwartz, entre febrero y julio de 1936 y asesinado por el antiguo régimen” e insistió en “la investigación acometida por encargo del Ayuntamiento y entregado a la administración autonómica el 2 de julio de 2019”.

En otro momento de la reunión telemática hablaron de la conveniencia de que Santa Cruz esté representada en la reunión de la Comisión Técnica que analizará la propuesta del catálogo de vestigios de Santa Cruz, según recoge la propia Ley de Memoria Histórica de Canarias.

Para finalizar, el alcalde informó a la presenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife que “seguimos a la espera de que el Gobierno de Canarias informe respecto a cómo y en qué grado de desarrollo están los diferentes estudios y catálogos referidos a otros municipios para alcanzar el objetivo que marca la Ley; esto es, la redacción de un catálogo regional, a partir de cuya aprobación comenzaría a aplicarse esta parte de la Ley de Memoria Histórica de Canarias”.