Tras la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, se instaura la obligatoriedad para empresas proveedoras y Entidades Locales del uso generalizado de la factura electrónica, con las excepciones previstas en dicha ley, con el objetivo de, tal y como expone su Exposición de Motivos, agilizar los procedimientos de pago a las empresas proveedoras y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes […] mediante el seguimiento riguroso de la morosidad a través del periodo medio de pago, que se puede obtener a través de los datos disponibles en el sistema de información contable.