El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, anunció hoy en la comisión de control municipal que “la Gerencia dispondrá de un informe técnico-jurídico en un breve plazo de tiempo, en el mes de febrero, sobre la viabilidad del proyecto de legalización urbanística de la residencia de mayores de Ifara presentado por la propiedad al Ayuntamiento”.
Carlos Tarife, que apeló a la prudencia y a la constancia de los grupos municipales para avanzar en la expectativa de legalizar esta residencia privada que da servicio a 176 usuarios, reafirmó la voluntad del Ayuntamiento de favorecer el mantenimiento de este recurso de carácter social, cumpliendo con lo dictado por las resoluciones judiciales.
En este sentido, el edil recordó que los pronunciamientos de la Justicia determinan que la edificación de la residencia El Drago del Marqués incumple la legalidad, superando el planeamiento previsto en tres plantas (de 3 a 6) y por tanto la volumetría admitida, no adecuándose tampoco a lo establecido en materias de distancia de linderos, anchura de los patios y dotación de aparcamientos.
Por ello, Tarife valoró el proyecto de legalización presentado por la propiedad a la Gerencia de Urbanismo, que asume la necesidad de afrontar obras de un calado económico notable (cerca de 800.000 euros) para acomodar la edificación a la legalidad y continuar posteriormente con los servicios propios de una residencia de esta naturaleza.
Al respecto reveló que, a diferencia de lo que se ha publicado, no existe un plazo limitante de tiempo para acometer el proyecto de legalización, y en consecuencia, tanto la propiedad como los usuarios y sus familias deben afrontar este proceso con tranquilidad y con plenas garantías de que el Ayuntamiento de la capital desea y trabaja para que la residencia de mayores mantenga la actividad.
Carlos Tarife también asumió ante la comisión de control que, aunque la prioridad es la legalización en beneficio de los usuarios, de los trabajadores y de la propia supervivencia del centro residencial, la Gerencia abrirá un expediente para depurar posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la autorización en su día de las obras que no se ajustan a los previsto en el planeamiento urbanístico.
Los grupos políticos, que expresaron su preocupación ante la situación creada, coincidieron con el concejal de Urbanismo en que la mejor opción es precisamente avanzar con un proceso de legalización edificatorio.
