El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Acción Social, con la concejala Charín González al frente, ha mantenido una reunión con el Gobierno de Canarias para abordar la situación en la que se encuentra cerca de un centenar de familias de las 358 viviendas de Añaza a las que la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), propietaria del inmueble, les ha comunicado el inicio de un proceso de desahucio, encuentro en el que la edil le ha exigido que mantenga abierto el diálogo con las familias afectadas, recordando que “muchas de ellas están compuestas por personas vulnerables y en riesgo de exclusión”.
“Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz –recordó González- velamos por el bienestar de estas familias que están afectadas por un proceso de desahucio iniciado por el Gobierno de Canarias, y en las que concurren diversas causas, para las que exigimos el máximo apoyo por parte del Ejecutivo canario, responsable último de estas viviendas y sus inquilinos”.
A la reunión asistieron, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, además de la concejala de Acción Social; la edil de Vivienda, María Belén Mesa, y el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero. Por el Gobierno de Canarias asistió el director general de Vivienda, Antonio Jesús Ortega, y la apoderada de Visocan, Ana Brito.
Según los datos aportados por el Gobierno canario, que tiene las competencias en materia de vivienda, son 50 las personas que, aunque tenían un contrato con el anterior propietario del edificio, en la actualidad siguen sin tener uno con Visocan. Desde la empresa pública se ha asegurado al Ayuntamiento de Santa Cruz su total disposición a regularizar la situación contractual de estas familias.
Debe tenerse en cuenta, además, que a estas 50 viviendas se suman otras 43 que no tienen ningún tipo de relación contractual con Visocan, al tratarse de personas que han ocupado ilegalmente estas viviendas. El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno canario que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de estas familias, confiando en que el proceso judicial que se ha puesto en marcha contemple esa vulnerabilidad, que será acreditada por el Consistorio cuando así lo solicite el juzgado.
Así mismo, la concejala de Acción Social, Charín González, exige al Gobierno de Canarias que ejerza las competencias que le son propias a través de la Consejería de Vivienda y proporcione una solución a las familias vulnerables afectadas por la ejecución de los desahucios. “Es a la Consejería de Vivienda, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), a la que le corresponde acreditar la vulnerabilidad económica de estas familias, y, en consecuencia, proporcionarles una solución habitacional”.
Recuerda González que el Icavi desarrolla Programas de Actuación del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, entre los que se incluye algunos como el Canarias Prohogar, que contempla servicios y acciones destinadas al asesoramiento y paralización de lanzamientos y/o desahucios, que afecten a las familias ante el impago de rentas o cuotas hipotecarias, con la creación de una bolsa de viviendas suficientes, todo en aras a ofrecer soluciones habitacionales temporales y con un seguimiento mediante programas de inserción y formación laboral.
González añade que, desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), entre 2022 y lo que va de 2023, “han salido desde el IMAS más de 250.000 euros en concepto de ayudas para el pago del alquiler para familias de las 358 viviendas de Añaza, que han solicitado estas ayudas, y tienen derecho a ellas”. “Nuestro compromiso con los vecinos de Santa Cruz más vulnerables es incuestionable y lo que exigimos al Gobierno de Canarias es que cumpla con sus competencias y busque una solución habitacional para estas familias”, concluye la concejala.
