El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), presidido por la concejala Charín González, intervino este pasado año en 110 órdenes de desahucio de los juzgados, propiciando 77 informes de necesidad de las personas o familias vulnerables alojadas en esas viviendas, además de ofrecer soluciones habitacionales a 85 de ellas en hoteles y a otras 47 que fueron derivadas al programa Prohogar, del Instituto Canario de la Vivienda, “un compromiso que desde 2012 llevamos a cabo, cuando fuimos pioneros en España con las medidas antidesahucios”, afirma el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Por su parte, González recalca que “el acompañamiento social a las familias que tienen órdenes judiciales de lanzamiento y que se encuentran en situación de vulnerabilidad es una de las acciones más significativas que se llevan a cabo desde los Servicios Sociales municipales” y aclara que “es muy significativa, precisamente por los efectos negativos y desestructurantes tan importantes que un procedimiento judicial de desahucio y un lanzamiento final tienen sobre las familias desde su inicio hasta su finalización y que se intentan minimizar desde estos Servicios Sociales”.
“Desde que se tiene conocimiento –ahonda la concejala-, a instancia de la propia familia, por la solicitud de activación del Protocolo Antidesahucio o del propio juzgado, de un procedimiento judicial en el que se ha fijado una fecha de lanzamiento, se orienta, informa y asesora a las familias afectadas” y advierte que “se les anuncia los tiempos aproximados del desarrollo del procedimiento, la necesidad de tener una representación y defensa legal ante la posible negociación con la propiedad de la vivienda para evitar el desahucio, o alternativas alojativas si finalmente se produce el lanzamiento”.
Entre ellas, según se informa desde el IMAS, “apostando fundamentalmente por la búsqueda de otra vivienda de alquiler para la que pueden contar, en su caso, con las prestaciones económicas para vivienda de hasta 3.000 euros anuales, además de las prestaciones para intermediación inmobiliaria y fianza de las que disponen las ayudas a través de las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), que facilita este Ayuntamiento”.
Además, debe tenerse en cuenta, que “como alternativas de alojamiento para las familias en situación de vulnerabilidad que finalmente van a ser lanzadas de sus viviendas y no han logrado encontrar una vivienda de alquiler o no tienen posibilidad de realojarse en otras viviendas de su entorno más cercano, los Servicios Sociales cuentan con una red de viviendas y pisos de emergencia de carácter colectivo (viviendas compartidas) con varias entidades del Tercer Sector (Cáritas, Nuevo Futuro, Provivienda…)”, anuncia Charín González.
“Estas alternativas –argumenta la responsable del IMAS- están destinadas tanto a madres con hijos menores a cargo (familias monoparentales) como a familias en las que hay también un progenitor o responsable masculino” y añade que “además, existe una red de viviendas unifamiliares a través del programa Provivienda y la red de viviendas de segunda adjudicación de Viviendas Municipales de este Ayuntamiento, otra posibilidad que se suma a las anteriores”.
Debe tenerse en cuenta que las plazas alojativas en pensiones y establecimientos hoteleros del municipio es una opción habitacional de carácter temporal y urgente para momentos en los que los pisos de emergencia se encuentran al cien por cien de su ocupación y en las que las familias viven hasta que son derivadas a los pisos de emergencia. Para las personas adultas que viven solas se dispone y se ofrecen plazas alojativas tanto en el Centro Municipal de Acogida como en el Centro de Mínima Exigencia.
Asimismo, en el desarrollo del procedimiento judicial los juzgados solicitan a estos Servicios Sociales informes de vulnerabilidad para, en su caso, paralizar o retrasar la realización del lanzamiento dando más tiempo a las familias afectadas para la búsqueda de un alojamiento alternativo.
“Hay que destacar –afirma González- que en este proceso hay una estrecha coordinación con la Comisión Judicial encargada de realizar operativamente los lanzamientos, lo que sin duda facilita una comunicación directa con la Comisión Judicial y actuar, en su caso, días antes y en el mismo momento que se está produciendo el lanzamiento o desahucio para minimizar los efectos más negativos y estresantes del propio lanzamiento” y confirma que “sobre todo en el caso de que haya en la unidad familiar personas mayores, personas con alguna discapacidad o menores de edad”.
Para finalizar, desde el IMAS se informa que la coordinación con el programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno de Canarias es otra de las líneas de trabajo que se llevan a cabo tanto para que desde dicho Instituto Canario se envíe el correspondiente informe de vulnerabilidad como para la búsqueda de una vivienda pública para las familias afectadas en cualquier localización de la isla en la que pueda estar disponible.
