El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Acción Social, con la concejala Charín González al frente, y el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, se reunieron ayer con casi un centenar de vecinos y vecinas afectados por el anuncio del desahucio de sus viviendas, “a los que se informó de la exigencia planteada por esta Corporación que, aún sin competencias en esta materia, ha solicitado al Gobierno de Canarias y a Visocan una solución para estas familias, lo que ha generado una alarma social y alojativa a la que se debe encontrar una salida”, apuntó la concejala de Acción Social.

González informó a las familias afectadas que “el Gobierno de Canarias y Visocan conocen, tras la reunión mantenida con ellos la pasada semana, la situación en la que se encuentran cerca de un centenar de familias de las 358 viviendas de Añaza a las que la empresa pública, propietaria del inmueble, les ha comunicado el inicio de un proceso de desahucio” y argumenta que “en ese momento del encuentro le hemos exigido que mantenga abierto el diálogo con las familias afectadas, recordándoles, además, que muchas están compuestas por personas vulnerables y en riesgo de exclusión”.

“Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz –recordó Javier Rivero- velamos por el bienestar de estas familias del distrito que están afectadas por un proceso de desahucio iniciado por el Gobierno de Canarias” y puso su atención en que “en muchas de estas unidades familiares concurren diversas causas, para las que exigimos el máximo apoyo por parte del Ejecutivo canario, responsable último de estas viviendas y sus inquilinos”, al tiempo que volvió a insistir en que “los vecinos y las vecinas de estas viviendas no deben tener duda alguna de que seguiremos de su parte en la búsqueda de las soluciones alojativas precisas”.

Debe recordarse de que en la pasada reunión con el Gobierno de Canarias estuvieron presentes, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, además de la concejala de Acción Social; la edil de Vivienda, María Belén Mesa, y el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero. Por el Ejecutivo de Canarias asistió el director general de Vivienda, Antonio Jesús Ortega, y la apoderada de Visocan, Ana Brito.

Según los datos aportados por el Gobierno canario, que tiene las competencias en materia de vivienda, son 50 las personas que, aunque tenían un contrato con el anterior propietario del edificio, en la actualidad siguen sin tener uno con Visocan. Desde la empresa pública se ha asegurado al Ayuntamiento de Santa Cruz su total disposición a regularizar la situación contractual de estas familias.

Debe tenerse en cuenta, además, que a estas 50 viviendas se suman otras 43 que no tienen ningún tipo de relación contractual con Visocan, al tratarse de personas que han ocupado ilegalmente estas viviendas. El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno canario que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de estas familias, confiando en que el proceso judicial que se ha puesto en marcha contemple esa vulnerabilidad, que será acreditada por el Consistorio cuando así lo solicite el juzgado.

Así mismo, en la reunión, la concejala de Acción Social, Charín González, exigió al Gobierno de Canarias que ejerza las competencias que le son propias a través de la Consejería de Vivienda y proporcione una solución a las familias vulnerables afectadas por la ejecución de los desahucios. “Es a la Consejería de Vivienda –enfatizó González-, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), a la que le corresponde acreditar la vulnerabilidad económica de estas familias, y, en consecuencia, proporcionarles una solución habitacional”. 

Recuerda González que el Icavi desarrolla Programas de Actuación del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, entre los que se incluye algunos como el Canarias Prohogar, que contempla servicios y acciones destinadas al asesoramiento y paralización de lanzamientos y/o desahucios, que afecten a las familias ante el impago de rentas o cuotas hipotecarias, con la creación de una bolsa de viviendas suficientes, todo en aras a ofrecer soluciones habitacionales temporales y con un seguimiento mediante programas de inserción y formación laboral.

González añade que, desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), entre 2022 y lo que va de 2023, “han salido desde el IMAS más de 250.000 euros en concepto de ayudas para el pago del alquiler para familias de las 358 viviendas de Añaza, que han solicitado estas ayudas, y tienen derecho a ellas” y concluye afirmando que “nuestro compromiso con los vecinos de Santa Cruz más vulnerables es incuestionable y lo que exigimos al Gobierno de Canarias es que cumpla con sus competencias y busque una solución habitacional para estas familias”, finaliza la concejala.